Acorde a los tiempos de la convocatoria para designar a la persona que ocupará la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, esta semana será crucial para el proceso sucesorio, ya que el próximo martes 29 de agosto rendirá su informe la Comisión Especial sobre la consulta a la comunidad, para que el pleno determine la propuesta de la o las personas recomendadas para tal nombramiento al Consejo Directivo.
Sin embargo, y contrario a toda lógica organizacional, el proceso madre de la vida institucional universitaria navega en penumbras, con rasgos de opacidad y altísimo riesgo de corrupción por la carencia de un marco normativo pertinente, claro y verificable que le impregne de legalidad y objetividad irrefutable, pues a la fecha no se conocen los criterios de discriminación o evaluación de los requisitos y etapas del proceso y sus participantes.
El proceso en sí, de origen se ha visto envuelto entre sospechas y especulaciones de manipuleos malintencionados y de dudosa finalidad, atribuyéndose por algunos segmentos universitarios al mismo rector general la autoría de maquinaciones e intrigas para favorecer a la Dra. Claudia Susana Gómez López, la cual de alguna forma se ha visto beneficiada del accionar de la estructura orgánica para promocionarle o disponer de sus recursos materiales o humanos en su apoyo.
A tal grado ha llegado la falta de condiciones de certeza de la contienda, que 3 de los aspirantes han acusado inequidad y guerra sucia por parte de Luis Felipe Guerrero Agripino, a más que la comunidad universitaria en voz de estudiantes y académicos ha pedido insistentemente que saque las manos del proceso. Pero los conflictos por el grotesco manipuleo hecho aparentemente por el rector general para imponer a quien le suceda, han rebasado las fronteras de la misma Universidad, pues se tiene registro de pronunciamientos de partidos políticos, de personajes públicos y medios de comunicación, de los cuales incluso el periódico Correo sufrió un asalto tipo delincuencial al ser allanado ilegalmente por el rector y directivos bajo sus órdenes.
De igual manera el proceso sucesorio ha sido tan mancillado que, cual causa de fondo, ha sido observado y sujeto de un exhorto legislativo para que sea explicado dentro de un marco de legalidad y transparencia, requerimiento del H. Congreso que no ha sido satisfecho. Asimismo y por acciones colaterales la PRODHEG ha emitido dos observaciones por actos ilegales y atentatorios contra los derechos humanos de personal de un periódico y la misma Comisión Permanente de Honor y Justicia del Consejo General Universitario ha recibido denuncias por violaciones al Código de Ética por parte del rector general y acompañantes que allanaron al medio de comunicación, pero la Jerarquía de la UG se mantiene inamovible y controlando todo.
Lo más que se ha logrado en la batalla por limpiar el proceso y darle certeza legal, ha sido la recusación del rector Guerrero Agripino para que deje de participar en la Comisión Especial y el Consejo General Universitario, pero no hay órgano de control o gobierno que someta al orden y la legalidad a la estructura jerárquica, incluso, y a juzgar por los hechos, los procesos jurisdiccionales del STJEG han sido contaminados e influenciados por la estela de poder del rector general, pues la audiencia que pudo vincular a proceso a Guerrero Agripino y varios de sus subalternos se canceló al sumarse extrañamente a otra demanda que, en contrario sensu, urdió la UG y que le da margen de maniobra para cerrar el proceso hasta este martes bajo su actuar caprichoso y dictatorial.
Así las cosas, todo parece indicar que la sesión del H. Consejo General Universitario será más que candente si la dictaminación de la Comisión Especial no se sustenta en criterios e indicadores pertinentes, razonables y verificables que respalden la propuesta que se enviará al Consejo Directivo, ya que de entrada y sujetos de verificación existen elementos de duda sobre la reputación como persona honorable, según establece el apartado II del artículo 20 de la Ley Orgánica de la UG, por faltas a la probidad de parte de la Dra. Claudia Susana Gómez al supuestamente violentar los derechos académicos y humanos del exombudsperson Jesús González García quien fue sujeto de despido injustificado y abuso de poder.
Quizá por las condiciones reinantes que enrarecen el ambiente sucesorio, fuera conveniente la participación de observadores externos del H. Congreso del Estado, de la PRODHEG o de alguna instancia que pueda certificar la legalidad del mismo, evitando en lo posible con ello que surjan conflictos estudiantiles o académicos que pongan en riesgo la armonía y paz institucional de nuestra máxima casa de estudios. El martes será la “hora de la verdad” universitaria, esperemos que prevalezca el ordenamiento declaratorio del proemio de la convocatoria que solicita participación con integridad, respeto, libertad, responsabilidad, verdad y justicia.
