Autonomía de UG se debe preservar
Ante el huracán de reclamos, algunos con fundamento legal y hasta ingresados en instancias jurisdiccionales, sobre el actuar del rector general de la Universidad de Guanajuato, nuestra universidad, la universidad de todos, un fantasma comienza a recorrer los escenarios políticos y sociales del estado: ¿de no satisfacer la Rectoría General de la UG el exhorto del H. Congreso del Estado, las recomendaciones de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y la demanda ante instancias jurisdiccionales, podría suspenderse o quedar sin efecto el Decreto de Autonomía Universitaria?
Ciertamente que parece incomprensible que el mejor universitario, con el perfil más idóneo y que ha obtenido por dos ocasiones la honrosa encomienda institucional para desempeñar el cargo de Rector General de nuestra máxima casa de estudios, desconociera los riesgos de allanar una propiedad empresarial y se expusiera a caer en la ilegalidad, pero así ocurrió a pesar de ser un experto en leyes, un doctor en derecho, se vio precisado a hacer caso a sus asesores y responsables del área jurídica universitaria, pues muchos se sintieron lastimados por las publicaciones muy válidas del periódico Correo. Aunque no deja fuera la sospecha de que alguien desde el interior, quizá algún grupo o aspirante, o del exterior algún adversario político esté atizando la hoguera del panal y el doctor Luis Felipe Guerrero haya sido emboscado.
El contexto circunstancial que vive la UG parece un caudal de acciones contrastantes que surgen casualmente en un momento crucial para la UG, como queriendo incidir en el proceso sucesorio llevando al Rector General a escenarios donde quede maniatado para influir significativamente favoreciendo alguna opción. Interesante que ahora que se evalúan perfiles para la designación de quien habrá de suceder al rector general, los cuestionamientos y la siembra de dudas extiendan una sombra de sospechosismo general, lo que implicaría revisar y ponderar los criterios de dictaminación de los currícula del bloque de aspirantes y casi rehacer el proceso en general para tratar de blindarlo y evitar que sea sujeto de la perversión de intereses ajenos a la esencia del espíritu de autonomía.
El aire libertario imperante en aquel 11 de mayo de 1994, en que la LV Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó la autonomía de la Universidad de Guanajuato, que entró en vigor el día 21 del mismo mes transformando a la UG en un organismo público descentralizado otorgándole un carácter autónomo en su régimen interno, parece cimbrarse ante la contrariedad de las torpezas o trampas a modo que han exhibido a la UG como un ente académico sometido a los caprichos obscuros de un grupo de interés desconocido.
Ante el contexto reinante de un posible abuso de funciones en detrimento de la ética universitaria, así como la posible manipulación de los recursos humanos, instrumentales y materiales de la Universidad en la presunta comisión de un delito, la autonomía de la UG y su pertinencia parecen ser sujeto de acoso, llevándoles a una cada vez menos remota posibilidad de abordaje como asignaturas obligadas a una revisión exhaustiva del Congreso del Estado, ya que incluso existe un proceso judicial contra su rector general que puede derivar en sanciones penales en detrimento de la armonía de la institución y la honorabilidad de sus autoridades.
Sería lamentable que ahora que la UG camina hacia la regularización de su vida institucional, como obligan los tiempos post pandemia, sea sometida al enrarecimiento de su estatus de educación superior enredándola en lo que se podría configurar como sanciones, en la figura de recomendación de la PRODHEG y Exhorto del Congreso, como pretendiendo se visualice el riesgo potencial de una intervención más rigurosa del Estado para reencauzarla hacia los fines y propósitos generatriz de su autonomía, que a pesar de la postura “respetuosa” de los legisladores y del gobernador que sugiere se resuelva “todo” por la vía del diálogo, alguien está presionando para que ambas instancias del Estado se vean obligadas a poner orden, aunado a que las autoridades universitarias no logran resolver el enredo al mostrar poco interés en satisfacer los requerimientos emitidos.
El peligro de caos universitario es tan real como que, si el proceso de investigación interna por conductas ilícitas de los directivos y funcionarios universitarios que allanaron las instalaciones periodísticas y el dictamen judicial por la demanda penal del periódico Correo resuelven contra ellos, la UG se quedaría sin autoridades y en la necesidad de que los vacíos de poder se cubran de emergencia para garantizar la operatividad y funcionalidad institucional, lo que podría provocar que el H. Congreso del Estado se vea precisado a ejercer su derecho de revocación legislativa suspendiendo o modificando los alcances del decreto 66, dejando asimismo inconcluso el actual proceso de designación de nuevo rector general.
Por lo referido, la posibilidad de un rectorado interino o provisional nombrado desde el Ejecutivo del Estado, con la venia del Congreso, es muy posible y quizá deseable para beneficio de la integridad universitaria. La solución amerita que el doctor Agripino active su habitación de pánico y realice un análisis profundo del contexto implementando estrategias innovadoras que tranquilicen las aguas extrauniversitarias y evite que la caja de Pandora siga abierta.
