J. Leyva
La noche del 1 de mayo, comenzó lo que pudiera ser una de las emergencias sanitarias y ambientales más importantes en la capital del estado que se tenga registro, lo cual, como en la mayoría de las contingencias, desnudan las múltiples necesidades administrativas, jurídicas, operativas, económicas y de planeación de la administración pública.
Puntualicemos que una emergencia puede ir escalando en su magnitud y sigue una cadena de apoyos conforme las capacidades operativas y financieras de las administración local va siendo superadas, pasando por lo regional, estatal, nacional e internacional y convertirse en desastre.
Identificar las actividades esenciales de la administración pública, es un complejo reto, las cuales deben plasmarse en sus procesos de planeación y quedar plenamente identificados en sus instrumentos normativos y programas especiales, es decir, debemos estar listos para saber qué se debe hacer para que todo aquello que no debe de parar ante una emergencia o desastre continué operando, a esto le llamamos Plan de Continuidad de Operaciones.
Este plan, permitirá anticiparse, prever e implementar acciones de preparación y respuesta para la atención oportuna de aquellos fenómenos que afecten la consecución de actividades en el gobierno.
La emergencia sanitaria originada por la Pandemia de COVID-19, la cual concluyó el 5 de mayo de este año según lo anunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó grandes aprendizajes en la elaboración y operación de dichos planes, ello, debido a que múltiples organizaciones privadas como públicas debieron ajustar sus actividades para poder atender las indicaciones de las autoridades de salud, como el trabajar vía remota, incorporar jornadas de trabajo alternadas, aislar a la población vulnerable, aplicar protocolos, entre otros.
Según sea la atribución de las administraciones, las actividades como atención a emergencias, servicios de salud, dotación de agua potable, energía eléctrica, labores de seguridad pública, recolecta de basura e incluso clases escolares, deben considerarse como procesos críticos, es decir, que no deberían parar ante cualquier emergencia o desastre, ya sea natural o antrópico como es el ejemplo del incendio del basurero en la ciudad de Guanajuato.
Parte de lo señalado en la metodología para elaborar estos planes, es el buscar sedes alternas, mecanismos financieros y operativos para que todo continúe de manera normal, imaginemos que no es un incendio, como el sucedió en la capital, supongamos el impacto de un sismo o una inundación de tiempo prolongado, como suele ocurrir en desastres de gran magnitud.
No obstante, las instituciones de gobierno requieren que las organizaciones de la sociedad sumen sus capacidades de preparación y respuesta en escenarios de crisis para garantizar comunidades seguras y resilientes, capaces de enfrentar, operar y reponerse ante escenarios adversos, el cual es otro tema de gran interés.
Para concluir, es necesario puntualizar que debemos estar preparados, como autoridad y como población. Mantener la capacidad de respuesta de los
gobiernos. Por eso, la importancia de prever anticipadamente y disminuir el factor sorpresa de los incidentes adversos. Entre mejor preparada se encuentre la institución de gobierno, mejores sus condiciones para responder a los escenarios catastróficos
Sabemos hoy que no podemos evitar que las cosas sucedan, pero sí podemos prepararnos para mitigar su impacto adverso y proteger a la ciudadanía, los bienes y su entorno.
